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La UIA y el Ejecutivo aún no se ponen de acuerdo sobre la futura ley de accidentes de trabajo

25/07/2012

11/07/2012 El Ministerio de Trabajo les propuso una norma totalmente nueva pero los industriales prefieren reformar la actual en los puntos conflictivos

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 ¡Prefesional.com

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibió este martes a José Ignacio de Mendiguren y a Daniel Funes de Rioja, presidente y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) para explicarles el proyecto oficial de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), que está en jaque desde 2004. 

El Gobierno y la central fabril discrepan en cómo deberá ser el futuro régimen legal sobre accidentes de trabajo. La cartera laboral propone una ley completamente nueva, en la que se recortaría buena parte de las incumbencias de las ART (Administradoras de Riesgos del Trabajo), en tanto los industriales proponen reformar los capítulos del régimen actual que fueron calificados de inconstitucionales por dos fallos de la Corte Suprema de Justicia hace ocho años.

De acuerdo a Ámbito Financiero, el funcionario les informó a los empresarios que ya se había reunido con representantes de empresas, sindicatos, bancos, y la cámara de ART, entre otros, y aseguró que había logrado un amplio consenso sobre la futura norma.

Mendiguren y Funes de Rioja insistieron en la inconveniencia de enviar al Congreso una ley absolutamente nueva, en un momento en que cae la competitividad de la industria local y crecen de manera exponencial los juicios por accidentes de trabajo, agregó el matutino.

En la actualidad existen más de 65.700 juicios; si a cada uno le correspondiera una indemnización promedio de $75.000, representaría un pasivo contingente para las empresas de cerca de u$s1.000 millones.

Como toda ley, tendrá una serie de "zonas grises" que quedarán al arbitrio de la interpretación de los jueces. La UIA le dijo a Tomada que esto será volver a foja cero y que no se resolverá el tema de fondo, o sea la industria del juicio.

La necesidad de reformar esta legislación surgió de dos fallos de la Corte Suprema dictados en 2004. Uno de ellos declaraba inconstitucionales los topes indemnizatorios fijados por la primitiva ley de ART. El segundo habilitaba la denominada "doble vía"; el trabajador puede cobrar el monto que regula la ley pero después acudir a la Justicia reclamando un importe mayor.

Hace dos años el Gobierno emitió un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aumentando los montos indemnizatorios, apuntando a que así terminaría con (o al menos reduciría drásticamente) la avalancha de demandas que se venían produciendo.

Sin embargo, las indemnizaciones quedaron rápidamente desactualizadas por la inflación y la industria del juicio sigue gozando de excelente salud.