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Estos son los 10 proyectos laborales clave que serán discutidos en el Congreso tras la visita de CFK

27/02/2015

25-02-2015 El 1 de marzo comienzan las sesiones ordinarias y muchas propuestas que se analizarán durante este año tendrán gran impacto en el mundo empresarial. Algunos ya cuentan con media sanción, y en caso de aprobarse, se incrementarán los costos laborales

Fuente:¡Profesional.com

Falta poco menos de 10 días para que comience un nuevo año legislativo. El próximo 1 de marzo, la presidenta Cristina Kirchner asistirá al Congreso para dar comienzo al período de sesiones ordinarias.

Ese día, la mandataria informará cuáles son las iniciativas en las que pretenderá avanzar. De todas maneras, este -al ser un año electoral- seguramente tendrá menos sesiones porque muchos legisladores estarán abocados a la campaña, ya sea para renovar sus bancas o para competir por algún cargo a nivel ejecutivo en sus respectivas provincias o a nivel nacional.

Pero algunos de los proyectos que preocupan al empresariado ya se debaten en el Congreso e, inclusive, varios ya tienen media sanción, por lo que no sólo tendrán que pensar en los números en que cerrarán las próximas paritarias.

Algunos de estas propuestas son impulsadas por el legislador oficialista y ex asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde, y abarcan desde temas como los montos indemnizatorios hasta la estabilidad absoluta, que en términos generales, implicaría la imposibilidad de despedir por parte de las empresas

Proyectos con media sanción

·             1- Aumento de los intereses laborales

Justo con el cierre del año legislativo, la Cámara de Senadores le dio media sanción un proyecto de ley para que los juicios derivados de ex-empleados se actualicen al equivalente de una tasa y media anual de la prevista por el Banco Nación para los préstamos personales. En la actualidad, rondaría el 36% anual. Este número también se aplicaría para los procesos que estén en curso al momento de sancionarse la norma.

Este dato no es menor y ha encendido la luz de alerta entre los ejecutivos, dado que representará un fuerte incremento en los costos y en los pasivos contingentes de las compañías.

·             2- Imposibilidad de suspender

El artículo 219 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece una medida que es perjudicial para el trabajador: la suspensión. Esto es así dado que, por los días en que rija la misma, el dependiente dejará de percibir su salario debido a la falta o disminución de empleo.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del mencionado Recalde, para "consignar como impedimento para el empleador disponer la suspensión de personal por causas de índole económica, cuando las razones de falta o disminución de trabajo obedezcan al riesgo propio de la empresa".

Y se le agrega la siguiente aclaración: “A los efectos previstos por esta norma, no se considerará disminución o falta de trabajo no imputable al empleador aquella que obedeciera al riesgo propio de la empresa”.

La propuesta parlamentaria, que ahora deberá analizar el Senado, busca modificar el concepto de "justa causa" a los fines de que las compañías tengan la facultad de suspender los contratos de trabajo vigentes. 

Los asesores legales consultados por iProfesional se mostraron preocupados por la virtual prohibición de las suspensiones y advirtieron que la redacción que se pretende introducir podría dar lugar a futuros litigios, ya que el concepto de "justa causa" dependerá de cada circunstancia y empresa en particular.

·             3- Igualdad de trato en situaciones idénticas

La Cámara de Diputados también le dio el visto bueno a la modificación del artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La norma vigente entiende que el trato es desigual si se presentan casos de discriminación arbitraria por razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustenta en una mayor eficacia, laboriosidad o contracción a las respectivas tareas por parte del empleado.

En caso de aprobarse por el Senado quedará redactado de la siguiente manera:

"El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará arbitrario el trato desigual si, actuando el empleador con las facultades que le están conferidas por esta ley, hiciese discriminaciones que no respondan a causas justificadas. Corresponderá al empleador acreditar la objetividad, razonabilidad y proporcionalidad del diferente trato”. Es decir, la redacción abre una posible situación de conflictividad al no determinar cuáles serían las causas que permitan hacer una distinción.

Proyectos controvertidos

·             4- Estabilidad absoluta

Recalde, quien presidente la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, impulsa una iniciativa que apunta a favorecer la "estabilidad absoluta" de los empleados del sector privado.

El proyecto prevé un mecanismo judicial a fin de que el trabajador despedido pueda solicitar la declaración de la nulidad del acto y la consecuente reinstalación en el puesto.

En el caso de que se declarase la nulidad, el empleador deberá abonar los salarios no percibidos desde el momento del despido y hasta el de su efectiva reincorporación, pudiendo incluso los jueces establecer sanciones graduales y progresivas cuando existiera una resistencia a la reinstalación por parte del empleador.

·             5- Reparto de ganancias

Al ser un año electoral, el Gobierno avalará a los gremios que incluyan en su discusión de paritarias cláusulas de participación en las ganancias empresarias, para mejorar el incremento salarial atado al nivel de actividad económica y rentabilidad.

·             6- Brecha del 20% para evitar el solapamiento

Las compañías se ven obligadas a reforzar sus políticas de beneficios dirigidas a todos aquellos empleados que no están bajo convenio. 

La comisión de Legislación de la Cámara de Diputados avaló el año pasado una propuesta para que la remuneración mensual de cualquier empleado fuera de convenio deberá ser superior al menos en un 20% respecto del salario del mejor remunerado de todos los dependientes encuadrados (es decir, en convenio colectivo de la actividad cuyo ingreso se actualiza por paritarias).

Los expertos reconocieron que este proyecto, si bien es loable, puede agravar la situación financiera de un gran número de empresas.

Para Sergio Alejandro, especialista de elDial.com, en muchos casos, "el solapamiento no se origina solamente en la disminución de la brecha remunerativa, sino que se le suman otras cuestiones, como por ejemplo, la antigüedad del personal en convenio y el incremento automático del plus por ese concepto que, en algunos acuerdos, presenta un crecimiento que no es lineal sino progresivo".

Por lo tanto, si una firma tiene que afrontar para todos los no convencionados un salario que sea como mínimo 20% superior al del trabajador bajo convenio que más gana, debería contar con una "espalda económica" muy grande, lo que pondría en grandes aprietos a las Pyme.

·             7- "Chau topes" indemnizatorios e inclusión de bonus en indemnizaciones

La iniciativa de Recalde apunta a modificar tres puntos centrales del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo:

  1. Elimina los topes indemnizatorios.
  2. Incluye en la base del cálculo diversos rubros que se abonan con periodicidad distinta a la mensual (tales como el bono anual) y que en la actualidad no se consideran como remuneratorios.
  3. Establece que la indemnización nunca podrá ser inferior a dos meses de sueldo.

De sancionarse estas iniciativas, las liquidaciones finales que las compañías deberán pagar, en caso de un despido sin causa, se verán altamente incrementadas.

Al respecto, los especialistas onsultados por iProfesional afirmaron que es plausible una reforma respecto de los criterios a aplicar para liquidar el rubro antigüedad, pero advirtieron que puede repercutir sobre los empleados, ya que algunos empresarios, para amortiguar el impacto, buscarán quitar ciertas compensaciones e incentivos a los dependientes.

·             8- Aumentar las multas por trabajo "en negro"

De acuerdo a la propuesta, se incrementa al doble la indemnización por antigüedad del artículo 245 si la relación no está registrada o lo está de modo deficiente. Abarcará no sólo a los dependientes amparados por la LCT sino, también, a aquellos tutelados por leyes especiales, como viajantes de comercio, encargados de edificio, trabajadores rurales, periodistas y hasta amas de casa, entre otros. Además, elimina el tope existente.

Los expertos en cuestiones laborales consultados por iProfesional advirtieron que su luz verde traerá un alto impacto financiero para los empleadores y estimulará aún más la litigiosidad.

Otro aspecto clave de la reforma propuesta es que actualmente -de acuerdo con la Ley 25.323- la indemnización por antigüedad en despidos sin causa se incrementa hasta 50%, si es que el empleado debe iniciar un juicio para cobrarla. A tal efecto -de convertirse en ley la modificación propuesta- este número se elevará al considerarse conceptos tales como salarios adeudados, vacaciones y aguinaldos proporcionales, a los fines del cálculo.

·             9- Inversión de pruebas

La comisión de Legislación del Trabajo de Diputados emitió un dictamen favorable al proyecto del oficialista Recalde que pretende incorporar el artículo 80 bis a la Ley 18.345 sobre organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo.

En caso de aprobarse, permitirá que pueda invertirse la carga de la prueba. Es decir, que sea el empleador quien deba acercar la mayor cantidad de evidencias para justificar decisiones rescisorias.

·             10- Protección a testigos

Se trata de una iniciativa que apunta a proteger a los empleados que fueron testigos, en el marco de un juicio laboral contra la firma que los contrató, en tanto hayan sido despedidos dentro del año de haber formulado su declaración.

De convertirse en ley, las empresas verán incrementados sus costos laborales tras la implementación del mecanismo de "protección a testigos".

Pero no sólo en estos casos. Los expertos consultados por iProfesional advirtieron que las firmas, además, correrían el riesgo de verse expuestas a futuros juicios bajo el argumento de un despido discriminatorio.